(Por ACTA). Mañana, a las 15.00, frente al Congreso de la Nación, se llevará adelante la Marcha Nº 950 de las organizaciones de jubilados y pensionados de la Central de Trabajadores de la Argentina en reclamo de una nueva Ley de Previsión Social que contemple el 82 % móvil y restituya haberes dignos a nuestros viejos después de toda una vida de trabajo. A la cita de este miércoles se sumarán numerosas organizaciones sindicales, barriales y territoriales que militan en la CTA.

“Este miércoles cumplimos la marcha número 950 para reiterar nuestro reclamo por la vigencia del 82 % móvil, el cambio de la fórmula polinómica impuesta por el Gobierno para calcular la movilidad de nuestros haberes, apoyar el proyecto de nueva Ley de Previsión Social presentado por la compañera Graciela Iturraspe y denunciar que 5 millones de jubilados cobran menos de 900 pesos por mes”, afirmó Lidia Mesa, secretaria de Previsión Social de la CTA.

Para Mesa, el relevamiento realizado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, según el cual los gastos que requiere para vivir un jubilado o un pensionado para alcanzar una "canasta básica" suma un costo de 2063,45 pesos, cuando el 76 por ciento cobra por mes el haber mínimo de 895 pesos, “revela el estado de desamparo en el que nos encontramos producto de una ley de movilidad arbitraria, realizada en base a una alquimia aritmética que cada vez nos deja más desprotegidos”.

“Hay que tomar en consideración el Fondo de Sustentabilidad que tiene la ANSES por 150 mil millones de pesos y ver cómo se redistribuye y hacer un cambio estructural de las leyes vigentes en Seguridad Social porque siguen las normativas del ex ministro de Economía Domingo Cavallo", enfatizó Mesa.

La dirigente de los jubilados de la CTA subrayó a ACTA: “Marchamos porque queremos un sistema de reparto solidario, universal, administrado democráticamente por sus beneficiarios, trabajadores activos y jubilados, con participación del Estado. Y una Asignación para los mayores que no tienen ninguna cobertura previsional”,

Y añadió: “Los jubilados proponemos que la administración del sistema previsional esté a cargo de un Instituto de Previsión Social -persona pública no estatal- con autonomía económica y financiera. Además, deben restablecerse en forma inmediata las escalas de proporcionalidad y el carácter sustitutivo de las prestaciones previsionales respecto de los salarios en actividad: 82% móvil, con un importe mínimo que no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil”.

Campaña Nacional por la nueva Ley de Previsión

En ese sentido, Mesa hizo explícito el apoyo de las organizaciones de jubilados y pensionados enroladas en la CTA al proyecto de nueva Ley de Previsión Social presentada por la dirigente de la CTA bonaerense y diputada nacional, Graciela Iturraspe, que declara nulas “las nefastas leyes de Menem y Cavallo” y que propone que las jubilaciones sean “financiadas con los aportes de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y aportes del Estado”.


El proyecto fue promovido por la Secretaría de Previsión Social de la CTA; la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA); la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA); la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA); la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APEDFA-CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

La iniciativa fue presentada públicamente el 7 de abril pasado frente al Congreso en el marco de la Marcha 939 de los jubilados. La manifestación se realizó para reclamar el tratamiento y en apoyo al proyecto de nueva Ley Previsional que con la colaboración del doctor Horacio González fuera presentado por la diputada nacional Graciela Iturraspe y apoyado por 13 legisladores, con número de presentación 1418D2010, dando inicio a una Campaña Nacional para lograr su sanción.

La normativa promueve un régimen previsional de reparto solidario, el carácter público de la seguridad social, la universalidad, el financiamiento sustentado en la autonomía económica y financiera, prestaciones definidas con movilidad de las jubilaciones y pensiones, administración democrática, responsabilidad del Estado con pohibición de regresividad, igualdad y prestaciones dinerarias para cubrir las contingencias de la vejez, invalidez y muerte.

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