Entendemos que el Estado provincial debe garantizar la plena vigencia de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia, y que de ninguna manera el Estado puede interrogarse pública y cínicamente sobre si debe cumplir o no una ley. Una ley que además está determinada por acuerdos internacionales y que implica un sistema y un conjunto de concepciones y de leyes emparentadas y complementarias como incluso lo es la nueva ley de educación. No puede ser tratada la juventud, la niñez y la adolescencia como “un problema” sino como una etapa que debemos acompañar como adultos, y mucho menos proponer que ese supuesto problema sea resuelto por vía judicial. Lo hemos señalado y lo repetimos nuevamente, del total de detenidos en la actualidad es escasísimo el número que corresponde a menores, y dentro de este porcentaje es más escaso aún los que se tratan de situaciones de conflicto con la ley penal, la gran mayoría son por situaciones asistenciales.
Llama muchísimo la atención que este tema sea instalado a tan solo dos meses de vencerse el plazo autoimpuesto por el Gobernador para la aplicación plena del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, en su punto más discutido y más resistido como lo ha sido el Fuero Penal Juvenil y de Familia (ley 13.634); sistema que propone tratar a la infancia y a la juventud en su totalidad e integralidad, y que seguramente significa para el Estado un mayor costo y complejidad que la internación en un instituto bajo tutela de un juez como venía ocurriendo hasta ahora. Se intenta exponer el supuesto fracaso de un sistema que aún no fue plenamente aplicado (en julio de este año recién se pusieron en funcionamiento los primeros cuatro juzgados de fuero penal juvenil) por resistencia de este mismo Estado que hoy nos propone desandar en esta propuesta y retomar otras políticas que tampoco han dado un resultado efectivo a la hora de limitar el delito.
Como ejemplo decimos que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica (Uruguay, Paraguay, Nicaragua) la edad de imputabilidad es de 13 a 14 años, y sin embargo no parecen ser sociedades mucho más seguras. También como ejemplo decimos que hoy la Argentina es el único país de Latinoamérica que mantiene reclusiones perpetuas a menores de edad (son 11 hasta la fecha), situación que le ha generado más de un llamado de atención de foros internacionales, y sin embargo los problemas de inseguridad tampoco se han solucionado. En este sentido se intenta buscar un chivo expiatorio para el fuerte cuestionamiento social a la totalidad de las políticas de seguridad que se ha caracterizado por un enorme retroceso en lo que se refiere a la participación ciudadana y una preocupante autonomización de los instrumentos de aplicación de esas políticas.
