Frente a esta realidad, insistimos que:
1. La prioridad respecto a la infancia de nuestro país es una Asignación Universal para la niñez.
2. La baja de la edad de imputabilidad no es la solución de fondo a ninguno de los problemas que afecta a nuestra sociedad. Ni la inseguridad, ni los derechos vulnerados de los jóvenes infractores de la ley penal serán resueltos con esta medida.
3. La necesaria reforma del circuito penal juvenil y las garantías de los derechos de los jóvenes contenidos en él, no reclaman obligatoriamente bajar la edad de imputabilidad.
4. La voz de los trabajadores de la niñez debe ser escuchada respecto a este tema. A la vez, es nuestro compromiso seguir expresando, de diversas formas, a los legisladores y a toda la sociedad nuestras posiciones.
Por tal motivo declaramos el ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN
