(Por Pablo Antonini y Federico Chechele) La CTA y organismos de derechos humanos, junto a testigos y colaboradores amenazados por su participación en el proceso que juzga los delitos de lesa humanidad en la Unidad 9 de La Plata, realizaron una conferencia de prensa en la sede de ATE provincia para denunciar los hechos y ratificar “la conciencia y el estado de movilización para garantizar estos juicios”.

“Queremos denunciar una serie de hechos intimidatorios sobre familiares, testigos y compañeros que apoyan a los testigos”, comenzó el secretario general de ATE y la CTA bonaerense (y también ex detenido de la U9 y testigo en el mismo juicio), Hugo Godoy. “Estos hechos no sólo están dirigidos a las personas que los sufrieron, sino también al conjunto de los testigos y de la sociedad para reinstalar el miedo como una forma de presión”.

Las denuncias refieren a cuatro casos: el testigo Juan Scatolini, cuyos familiares recibieron la “visita” de dos desconocidos el 12 de abril, primer día del juicio, dejando un claro mensaje intimidatorio; el testigo Eduardo Caldarola, que vive en España y llegó a la Argentina para testificar hace pocos días, alojándose en un lugar “que conocíamos muy pocas personas”, subrayó Godoy, pese a lo cual fue localizado y amenazado telefónicamente, lo que en la opinión del secretario general de ATE “no sólo habla de un acto intimidatorio sino del sostenimiento de una acción y una tarea de inteligencia”.

También se dio el caso de Enrique Fidalgo, psicólogo integrante del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESELDH) que se encarga de la contención y asistencia psicológica a los ex detenidos declarantes. Su domicilio fue violentado y vaciado tres veces en los últimos meses, sustrayéndole abundante información sobre la causa.

El último caso, “de características mafiosas”, señaló Godoy, sucedió en la casa de Eleonora Mogilner, hija de padres desaparecidos y sobrina de Guillermo Mogilner quien ya declaró como testigo en el juicio. La noche del pasado sábado 12 de junio, mientras la organización HIJOS La Plata celebraba sus 15 años, desconocidos ingresaron a su casa, revolvieron ostensiblemente todo sin robar nada y le dejaron un cuchillo sobre su cama.

“Estas situaciones que se han sucedido y se vienen dando en forma más continuadas en los últimos días”, concluyó el secretario general de la CTA, “hacen necesario e imprescindible difundir ante la opinión pública, además de seguir solicitando la conciencia y el estado de movilización para garantizar estos juicios. Y también exigirles a las autoridades gubernamentales provinciales y nacionales que tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica a todos los testigos, para que estos juicios puedan seguir adelante”.

Símbolos y señas

“Evidentemente”, señaló a continuación Marcelo Ponce Núñez, coordinador del equipo jurídico de la CTA y abogado querellante en la causa, “hay elementos que todavía existen, mantienen la misma ideología del terror, y tratan de reimplantarlo en medio de un proceso donde no le está yendo bien; se están poniendo demasiado nerviosos e intentan impedirlo”.

El abogado de la CTA también consideró que en los hechos “hay una cuestión de símbolos y señas que trascienden a los 14 acusados en este proceso. Por lo tanto nosotros también queremos dar símbolos y señas de que existe una fuerte unidad de este lado”. Y convocó a “la movilización social para impedir que se debilite la voluntad de todos los testigos que restan participar, tanto en este como en los otros siete procesos que se están dando en Argentina”.

Seguidamente dieron su testimonio los testigos amenazados: “en la Argentina siguen existiendo zonas de funcionamiento opaco y un corporativismo criminal”, consideró Eduardo Caldarola, que reside en España desde hace 32 años “cuando me sacaron de la Unidad 9, me pusieron en un avión y me llevaron para allá”. “Quiero decir que me he sentido respaldado”, continuó, y “en este caso se está demostrando que la razón siempre la tuvimos las víctimas. Nunca hay que fiarse, hay que mostrar que uno no está solo y se puede defender ante este tipo de presiones, que uno sabe donde empiezan pero no sabe donde terminan”.

Seguidamente, Guillermo Mogilner detalló que “lo que le paso a mi sobrina fue en la misma casa donde fue secuestrada su madre, y donde ella misma estuvo un día entero en manos de los represores. Evidentemente es gente que conocía el lugar y los hechos anteriores, no tiene otra lectura, tiene un fuerte contenido simbólico y dejan una clara señal que los dos hechos están relacionados, y que los autores de aquellos hechos y los actuales también lo están”.

“Esto no es una amenaza ni a mi ni a mi familia”, consideró, “porque yo ya testifiqué. El hecho sucedió la misma noche en que conmemoraban el aniversario de HIJOS en La Plata y por ello, atrás de esta amenaza, hay una señal a todos los que van a testificar y a los que van a formar parte de otros juicios en una ciudad donde sigue desaparecido Jorge Julio López”.

Juan Scatolini, por su parte, destacó que “esta llegada al juicio de la U9 tiene un origen. Lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, junto con Cachorro y otros compañeros, es empezar a configurar una idea y un apoyo mutuo para llegar al juicio. Esto nos genera una protección; ante una situación de intimidaciones, ya no estamos a la intemperie”.

“Nosotros tenemos esperanza y por eso este altavoz”, finalizó, “porque después de éste vendrán otros juicios. Queremos testificar en la causa 1 y 60, queremos testificar en ‘La Cacha’. Esto tiene una línea de recorrido y por eso ponemos este punto, este mojón aquí, para que quede claro que esto no terminó, ni para nosotros ni para ellos”.

Enrique Fidalgo, en tanto, reivindicó como parte de una misma lucha su pertenencia a ATE, la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez, y aseguró que los hechos sufridos, lejos de intimidarlo, lo impulsaban “cada vez más a reivindicar la plena vigencia de los derechos humanos, y acompañar tanto a estos como a próximos testigos en los próximos juicios”.

Responsabilidades de gobierno

De la conferencia también participaron representantes de las secretarías de Derechos Humanos provincial y nacional. En nombre de la primera, Alejo Ramos Padilla afirmó que “a veces no hay mecanismo que alcance para prevenir estas cosas pero está comprometido el programa de protección y las organizaciones. Hay que idear nuevos sistemas, pero tiene que avanzar la Justicia y la decisión de que los juicios van a continuar, y no hay amenazas que los frenen”. En tanto que por la secretaría nacional Inti Pérez Aznar consideró que “estando acá todos juntos damos un mensaje de que los juicios van a continuar, que se van a llegar a sentencias y va a haber verdad y justicia”.

Finalmente, Nilda Eloy, ex detenida e integrante de Justicia Ya!, subrayó la responsabilidad de los gobiernos nacional y provinciales de prevenir estos hechos, y se preguntó “cuántas medidas se tomaron de inteligencia, de investigación, sobre estos sujetos que están hoy en el banquillo, y tantos otros que están libres. Agradezco que haya tantos acá”, finalizó, “es importantísimo, pero sigue estando en manos del gobierno nacional y provincial que por una vez los blancos no seamos nosotros, sino ellos”.

En la conferencia también estuvieron presentes otros testigos como Gabriel Manera y Julio César Mogordoy, el presidente del CODESELDH, Norberto Liswki; Roberto Cipriano del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; la abogada de la Liga por los Derechos Humanos Guadalupe Godoy, María Laura Bretal de Unión por los Derechos Humanos; Emiliano Hueravillo de HIJOS; Elena de la Cuadra y Silvia Fontana de Familiares de Detenidos – Desaparecidos; Viviana Staiani del Centro de Víctimas de la Provincia, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Verónica Cruz, el secretario general de la CTA La Plata-Ensenada, Carlos Leavi y el responsable de organización de la CTA provincial, Julio Ortellado, en tanto que envió su adhesión Adelina de Alayes por Madres de Plaza de Mayo-La Plata.

Comentar este artículo