Los acusados son dos militares que se desempeñaban en Azul: el general Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56). Este último se hallaba en actividad cuando fue detenido en 2006.
Fue conformado un Tribunal ad hoc integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Carlos Rozanski (presidió los juicios del comisario Etchecolatz y Von Wernich) y Nelson Jarazo.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal general de Cámara de Mar del Plata, doctor Daniel Adler junto a los fiscales federales Oscar Blanco (Azul) y Horacio Solín (Necochea), con intervención de la Unidad de Asistencia y Coordinación de la Procuración General.
Los dos militares están acusados como coautores de "privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometida bajo violencia física" y participación primaria. "imposición de torturas agravadas por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento.
Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.
La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.
El pasado jueves 28 de mayo, durante la 2º audiencia del juicio oral y público, los dos acusados, se negaron a prestar declaración indagatoria.
Las audiencias se retomaran el próximo jueves 4 de junio, a las 10hs, en el tribunal oral penal, ubicado en la calle Luro y Santiago del estero.
Por la defensa del derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia, para asegurarnos, como sociedad, la no repetición de actos de lesa humanidad en nuestro país, es necesario acompañar a las víctimas y sus familiares, y estar presentes durante el desarrollo de este proceso judicial.
