Se trata de un nuevo intento de desalojo efectuado por el Juez Melazo, a través de una denuncia de la administración del Country Gran Bell y vecinos de un barrio residencial en donde viven jueces y funcionario.
Dicha denuncia tiene como fundamento que la existencia de las viviendas de estas 48 familias devalúan las propiedades de los denunciantes. Cabe señalar, que las familias que están por ser desalojadas están compuestas por compañeros organizados en la CTA y que alguno de ellos viven allí hace mas de 20 años.
Comunicado elaborado por la CTA regional La Plata- Ensenada y el Foro por los Derechos de la Niñez:
El ACCESO A LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO
El artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que se garantizará el acceso a la vivienda a los habitantes de nuestra provincia. Ello quiere decir que todos sus estamentos gubernamentales (ejecutivo, legislativo y judicial), deben poner su voluntad y accionar en pos de que los habitantes de la provincia consoliden aquella necesidad-derecho que es la vivienda.
Desgraciadamente, vemos que ello no es así. Como ya muchos saben desde hace un tiempo, para ser más exactos desde mediados de junio del año 2006, se ha propiciado una causa judicial que involucra a 48 familias (en un principio eran más) que se encuentran ocupando terrenos de la provincia de Buenos Aires (empresa Ferrobaires) en la zona de Gorina, localidad de la ciudad de La Plata.
Todo comenzó con la denuncia de un grupo de vecinos, adunados por el administrador-representante de un complejo habitacional (country- barrio cerrado) denominado Grand Bell, causa N° 21713 del Juzgado de Garantias N° 2 de La Plata, correspondiente a la I.P.P. N° 060030669506. Allí se sostenía que aquellos ocupantes ilegítimos, provocaban inseguridad en el barrio y que habían ingresado a los terrenos configurando, en principio, el delito de usurpación, y concluían en una de sus presentaciones que ello provocaba, además, la baja de los valores inmobiliarios de la zona.
Luego de multiplicidad de avatares, que no hemos de detenernos a comentar, hace más o menos un mes, llegamos -a través de la intervención, por cierto positiva, de la Ministra de Infraestructura de la provincia- a un acuerdo con aquella empresa propietaria de la cosa, para que los ocupantes permanecieran en el lugar por el plazo de un año, mientras se buscaba una solución definitiva, una de las cuales, podía ser la entrega de esos lotes en propiedad.
Desgraciadamente al presente, sin saber a ciencia cierta por qué razón válida, aquella postura ministerial comienza a dar un giro de ciento ochenta grados y se principia un alejamiento con las familias y un coqueteo con los “otros” los denunciantes o tal vez sus instigadores, los que actúan en las sombras y que parece, al menos hasta el presente, que poseen un manejo o influencia sobre el poder jurisdiccional de nuestra ciudad.
A este estamento del estado, que debe velar por la concreta realización de aquel derecho de acceso a la vivienda, no le agradó la solución propiciada en un principio, no estuvo de acuerdo con la misma, e insistió en el desalojo de estas familias.
Por cierto que no hablamos de un desalojo liso y llano, sino que algunos representantes del poder judicial sostienen que vienen llevando a cabo gestiones con otros organismos de gobierno para hacer que aquel derecho se materialice. Eso sí, olvidando un detalle, CONSULTAR CON LOS DIRECTOS INTERESADOS, CON LAS FAMILIAS QUE OCUPAN LOS LOTES, las cuales como dijimos contaban con la anuencia de la provincia para seguir ocupando esos terrenos, al menos por un año.
Es decir que, si bien, en principio aparecen con una pauta, aquella no es consensuada, sino impuesta.
RESUMIENDO: LES OFRECEN OTROS LOTES, por cierto en otra zona sin servicios, ALLI DEBEN IRSE, DE NO SER ASI LOS DESALOJAN.
En conclusión, no se trata de la consolidación de un derecho con consenso, sino por imposición, no importa que derechos invocan con relación a la tierra que ocupan, sólo importa su solución, única posible y “¿ajustada a derecho?”.
No importa qué relaciones barriales han construido ellos y sus hijos, cuán lejos o cerca les quedan sus trabajos, qué tan arraigados están en la zona, cuánto participan comunitariamente, cómo se han entrelazado con sus servicios de salud. Que tengan servicios públicos cercanos o lejanos. Nada de ello debe tenerse en cuenta, sólo la voluntad del desalojo que, en principio, encubre a la vez aquella sensación de inseguridad primigenia de los vecinos, mas propia de ser encausada dentro de la ley antidiscriminación, o del negocio inmobiliario que encubre y que fue claramente reconocido en la propia denuncia cuando menta que bajan los valores de las tierras. Todo eso es más importante que cuarenta y ocho familias.
Para dimensionar la gravedad de lo que viene aconteciendo debemos decir que el Poder Judicial, aquel que dispone el desalojo de las 48 familias, NO ACEPTA QUE ELLAS SEAN PARTE EN EL PROCESO. No les permite tener voz, por ende les niega la posibilidad de realizar petición alguna. Eso sí, se permite desalojarlos.
Es más, como se dijo más arriba la causa se inicia con una denuncia que data de mediados del mes de junio del año 2006. El delito que se viene investigando es la usurpación, y ello se desprende claramente del desalojo que se dispone, sobre la base del art. 231 bis C.P.P., que SOLO SE PREVEE PARA AQUEL TIPO DE DELITO.
Teniendo en cuenta la fecha de la denuncia y, por imperio de los arts. 62, 63, 67 y concordantes del C.P., se impone, sin duda alguna, la aplicación del instituto de la prescripción.
Pese a la claridad de lo dicho, a la obligación que tienen los jueces de aplicar aquel instituto, la prescripción, de oficio NO LO HACEN y siguen sosteniendo el DESALOJO.
Seguramente hay intereses muy fuertes que impiden que la ley se aplique y que la justicia triunfe.
De allí el título de estas pequeñas líneas que, espero, sirvan para entender que son más importantes las personas por lo que son, por lo que sienten, por su ser integral.
CTA. Regional La Plata.- FORO por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires.-
