- toma del ministerio de salud
La medida de fuerza consolida el plan de acción que llevan adelante los estatales bonaerenses por aumento salarial y por el pase a planta de los miles de trabajadores en negro. Pero además los trabajadores de la salud tienen reclamos específicos del sector, como la reincorporación de los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos.
El ministro de Salud Bonaerense, Ismael Pasaglia, se comprometió en enero a dar una respuesta favorable al reclamo presentado por ATE y pese al tiempo transcurrido no hubo señales o intenciones de querer cumplir con dicho acuerdo.
En virtud de ello, los trabajadores que ayer tomaron por más de cinco horas el Ministerio de salud, emplazado en ciudad de La Plata doblegaron la actitud de los los funcionarios que se vieron obligados a firmar una nueva Acta de Compromiso. La misma establece la reincorporación de Sebastían Petraglia, dirigente de ATE Moreno y la conformación de una mesa de diálogo que tenga como prioridad acelerar el pase a planta, y a revisar los despidos.
El acta de compromiso fue rubricada por el Subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud Nery Orlando Fures y los dirigentes gremiales de ATE, Daniel Barragán, secretario Adjunto; Oscar de Isasi, secretario de asuntos provinciales; Carlos Acosta, secretario Administrativo; Néstor Calvo, Secretario Gremial y Alicia Meynard secretaría General de la seccional gremial de Morón.
Luego de la firma, los trabajadores desalojaron el edificio, aunque sus dirigentes, en declaraciones a la prensa escrita, ratificaron las medidas de fuerza del 19, 20, 25 y 26 de julio “porque consideramos que los reclamos de fondo aún no tienen una respuesta satisfactoria” indico Oscar de Isasi, secretario de asuntos provinciales de ATE provincia de Buenos Aires.
Además, el dirigente gremial sostuvo que “la masividad y contundencia del paro demuestra que el reclamo no se apaga. Vamos a profundizar las medidas hasta conseguir una nueva política salarial que dignifique el empleo público, el pase a planta y el nombramiento de personal en áreas críticas”. Al tiempo que rechazó la pretensión del gobierno de descontar los días de paro.
Y señaló que “el gobernador Felipe Solá en lugar de utilizar los 2.500 millones de excedente para aumentar el presupuesto de salud y educación y recomponer los salarios, eligió el camino de apretar a los trabajadores amenazando con reducir aún más nuestros magros sueldos”.
Según el sindicalista, estas actitudes son las que genera “las condiciones para el conflicto. Porque prefiere utilizar para otros fines los recursos que permitirían sacar del colapso al sistema sanitario y atender la demanda de los trabajadores y el de Pasaglia contribuyen a poner más tenso el conflicto”.
Por otra parte, los profesionales médicos afiliados a la CICOP señalaron que “si bien le dimos al gobierno plazo hasta el 2 de agosto para regularizar la situación en el área de salud, vamos a acompañar los paros de nuestros compañeros de ATE y la CTA”.
Cabe destacar que la CTA-Bonaerense viene denunciando desde hace más de un año la profundización de la política de ajuste que precariza la educación, la salud, la justicia y margina a millones de familias que no tienen acceso a un ingreso mínimo.
Docentes en pugna
En tanto, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) denunció al Gobierno provincial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por las amenazas de despido efectuadas por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y por las declaraciones del Gobernador Solá claramente violatorias de los convenios nº 84, 151 y 154 de la OIT y de la libertad sindical.
Por tal motivo, los docentes bonaerense decidieron no iniciar el ciclo lectivo luego de las vacaciones de invierno, sumandose al paro provincial convocado desde la CTA.
En ese contexto, Roberto Baradel, referente de los docentes provinciales advirtió que “el Gobierno bonaerense se equivoca y vuelve a amenazar e intimidar a los maestros". Y señaló que “la respuesta a esa actitud la va a dar el conjunto de los trabajadores de la educación con una masiva adhesión al paro".
El reclamo de los trabajadores es por aumento salarial y un básico de 770 pesos, para que no quede ningún estatal por debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, los trabajadores exigen el pase a planta de todos los trabajadores en negro, nombramiento de personal en áreas críticas, y una asignación universal para todos los menores de 18 años.
Por último, la Asociación judicial bonaerense presentó en el ministerio de Economía un petitorio para que se restablezca la Ley Porcentual, una norma que ata los sueldos de los empleados con los de los jueces y que implicaría una mejora en los ingresos de los agentes. De no haber una respuesta favorable, se sumarian a las medidas de fuerza de la ultima semana de julio.
