El Gobierno ha hecho una convocatoria. Desentendernos de esta oportunidad sería una muestra de gran irresponsabilidad, ya que cuando se debate la educación como verdadera política de Estado se diseña también el modelo de país en el cual pretendemos vivir.
En este debate hay que prestar especial atención a lo que discutimos, analizamos, aportamos y reclamamos los principales actores de la educación, que somos los padres, los estudiantes y los docentes. En este contexto, la ley debe definir puntos prioritarios. Entre ellos, entender la educación como un derecho social, de cuyo ejercicio pleno el Estado debe ser garante; la unificación del sistema educativo nacional; la escuela secundaria para adolescentes obligatoria, como una unidad pedagógica; la universalización del nivel inicial en su integralidad, extendida a los jardines maternales; la revalorización del trabajo docente, en condiciones dignas de enseñar y de aprender.
Los docentes, luego de muchos años de cuestionar fuertemente las políticas neoliberales, asistimos a este debate con gran expectativa, pero también con preocupación.
Es muy profunda la crisis que se cierne sobre el sistema educativo y sería negativo avanzar en medidas que significaran un parche o, aunque fueran realmente transformadoras, se plasmaran en el texto de una ley y luego no tuvieran aplicación concreta.
Los gobiernos nacional y provinciales tienen una gran responsabilidad y hay que exigirles fuertemente que estén a la altura de este desafío.
El autor es secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Bs. As (SUTEBA).
