Es sabido que las decisiones políticas del gobierno nacional están destruyendo el trabajo y la producción nacional.
Caen la actividad industrial y comercial, el empleo, los ingresos de la mayoría de las familias, de los pequeños y medianos empresarios, de las cooperativas, se reduce el mercado interno, cae la recaudación fiscal.
En consecuencia, por ejemplo, caen también las changas o el reciclado de desechos como el cartón y el plástico, agravando la situación de la economía popular y la ocupación que genera.
Crece la pobreza, la indigencia, la inseguridad alimentaria y personal, la parálisis de las líneas de producción, el cierre de fuentes de trabajo, las suspensiones y despidos.
Para salir de esta trampa, de los precios caros, los salarios baratos y las jubilaciones paupérrimas, que contrae nuestro mercado interno y destruye el entramado socio productivo, para no ser botín de las grandes corporaciones empresarias asociadas a las potencias extranjeras que vienen por nuestros recursos naturales, no alcanza con la resistencia y el reclamo.
Es imprescindible un plan común a los sectores del trabajo y la producción nacionales. Que sirva de base a un pacto social y federal para superar el desorden de este gobierno que nos ha llevado a la grave depresión económica en la que hemos ingresado.
Un plan común, con propuestas claras y comprensibles, que necesita ser meta de las mesas multisectoriales. Con la misma prioridad que la movilización exigiendo la reversión de la brutalidad del shock y el plan de negocios de Milei, definidos por el DNU/70/23, y la ley Bases que está tratando el Senado con una vergonzosa media sanción en la Cámara de diputados.
Tenemos que tener claro, que la crisis de representación que nos involucra, no se superará sin un compromiso cierto y creíble que nos permita avanzar hacia la unidad nacional. La democracia no puede restringirse al voto, debe ser participativa.
Por esto mismo, por los millones de compatriotas que han quedado sin esperanza, hay que terminar con la política del parche.
Por un lado, hay que generar las condiciones necesarias para revertir la destructiva terapia de choque del Gobierno.
Por otro, hace 50 años que en nuestro país no hay planificación económica con participación de representaciones del trabajo y la producción.
Hay que hacerlo para revertir la actual situación, consolidar el mercado interno, consumir y exportar con valor argentino agregado, con un programa industrializador con justa redistribución del ingreso. Como señaló con exactitud Manuel Belgrano hace más de doscientos años: “los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente, de lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país exportador. No exportemos cuero, exportemos zapatos”.
Producir ese valor agregado es lo que va a aportar trabajo de calidad, incrementar el valor de las exportaciones, y posibilitar la inversión del excedente económico generado con recursos y producción en el país, siempre y cuando se controlen dos problemas fundamentales: la fuga de capitales que – además – supone eludir o evadir impuestos la mayoría de las veces.
Es vital resolver éstas dos últimas cuestiones que el actual Poder Ejecutivo pretende naturalizar considerando héroes a sus responsables, si es que nuestros objetivos son superar la carencia de inversiones, las reiteradas crisis de la deuda, e ir alcanzando un orden en las cuentas públicas sustentable.
Como sabemos el brutal ajuste que nos impone el Gobierno no es necesario. Nuestro país es uno de los principales productores de alimentos, recursos energéticos y minerales. Esas ventajas comparativas, con trabajo argentino agregado, deben sustentar el desarrollo de una economía manufacturera, centrada sobre sí misma, que incluya a toda nuestra población y no orientada únicamente hacia la exportación sin trabajo argentino agregado para satisfacer la voracidad de potencias y corporaciones extranjeras.
Esto último queda claro en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que incluido en la denominada Ley bases, consiste en incentivar (por 30 años) inversiones en minería, petróleo y gas, mediante políticas fiscales y aduaneras. El proyecto que trata el Senado deja al país como mero exportador de materias primas básicas y sin oportunidad de apalancarnos en nuestros recursos naturales para producir con valor agregado. La atracción de grandes inversiones, con beneficios como la reducción en la alícuota de ganancias, exención del impuesto país, de los derechos de importación y exportación (luego de 3 años) y, todo esto, sin la exigencia de transferencia de tecnología, o contrataciones locales, deja a las empresas locales en una total desventaja.
Antes de enumerar temas que entendemos necesario abordar desde las multisectoriales, a modo de primera conclusión y homenaje a Arturo Jauretche -harán 50 años de su fallecimiento el próximo 25 de mayo – lo citamos por su actualidad: “Es preciso incorporar a los hábitos del pensamiento argentino la capacidad de ver el mundo desde nosotros, por nosotros y para nosotros”.
Temas que proponemos considerar y promover:
Reconstrucción de nuestro sistema de precios en pos del desarrollo industrial, principal fuente de generación de empleo. Para ello es imprescindible desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales.
Determinación de las tarifas del gas, la energía eléctrica y otros servicios públicos en base únicamente a sus costos reales de producción y distribución en el país, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales definidos por los conglomerados internacionales como hoy se está imponiendo.
Necesidad de tarifas sociales pues acceder a su suministro constituye un derecho humano esencial para la vida. Establecer tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales. La regulación estatal del precio de la energía es imprescindible ya que constituye un precio estratégico determinante para la producción de bienes y servicios que hoy impulsan la inflación.
Programa de precios que garantice la alimentación y consumos básicos de toda la población e insumos difundidos para los distintos sectores productivos. Debe seguirse el criterio de desconexión de los precios internos de los internacionales, pues no puede ser que Argentina produzca alimentos para varias veces los 46 millones de personas que integran su población y no pueda garantizar a ésta precios asequibles. Lo mismo debe observarse para todos los insumos difundidos de producción nacional, a la par que se propicia la sustitución de los de origen extranjero.
Seguimiento estatal y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de bienes y servicios. En el ámbito provincial y nacional con difusión pública trimestral accesible a los consumidores.
Actualización de acuerdo al valor de la Canasta Básica Total del salario mínimo vital y móvil. Coherente recuperación del poder adquisitivo de los salarios de convenios, las jubilaciones y el salario social complementario establecido por el art. 3 de la Ley 27.345 de “emergencia social y laboral” aprobada por amplia mayoría en el año 2016 a raíz del crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia que hoy se acrecientan por efecto de las regresivas medidas del actual gobierno que busca tergiversar y anular ese derecho.
Reforma tributaria integral y simplificación de las contribuciones. Para que paguen más quienes más ganan, las grandes corporaciones y evasores. Para no afectar los ingresos alimentarios de los trabajadores con el impuesto al salario. Para aliviar a la pequeña y mediana empresa que garantiza empleo. Para incluir y no condenar a la exclusión a la economía popular, sosteniendo el monotributo social que se pretende eliminar lo que provocaría un impuestazo al trabajo del 800% y la negación del acceso a una jubilación y obra social. Para garantizar jubilaciones, educación y asistencia a la salud dignas.
Ley de Coparticipación Federal que se corresponda con el aporte productivo, la población e índices de necesidades básicas insatisfechas de las Provincias
Impulso al ahorro nacional, en un sistema financiero no especulativo, orientado a asistir a los sectores productivos y las familias, con una banca pública consolidada.
Reforma del Régimen de inversiones extranjeras.
Organización, división y distribución del trabajo. Derechos laborales
Necesidad de que el Congreso se haga cargo como obliga la Constitución Nacional (art.75) del arreglo de la deuda interna y externa, pues el Poder Ejecutivo sólo busca incrementarlas, para poner la Argentina en venta y favorecer a la usura.
En pos de estos objetivos necesitamos acrecentar la movilización de los sectores sociales que representamos, promover en lo inmediato una Marcha Provincial en defensa de la vida, el trabajo y producción bonaerense, considerar una similar marcha multisectorial federal fortaleciendo la unidad puesta de manifiesto en la Movilización ante la Corte Suprema del 27 de diciembre, el Paro y Movilización del 24 de enero, el Paro de las Mujeres del 8 de marzo, la marcha universitaria del 23 de abril, la movilización del 1ro de mayo, y el paro del 9 de mayo.
En Avellaneda estamos abordando un relevamiento del Trabajo y la Producción para tener en cuenta y articular todas las realidades. Creemos que ésta aproximación y relevamiento debe encararse con un objetivo movilizador en toda la Provincia, no sólo desde el estado bonaerense, sino también desde las multisectoriales que es necesario constituir en todos los municipios.
En el momento actual, al reclamo de la derogación del DNU 70/23 y rechazo de la Ley Bases, creemos necesario sumar una campaña para retrotraer y esclarecer la estafa que implica el aumento de las tarifas del gas y la energía eléctrica que hacen inviables la mayor parte de las actividades y castiga a las familias.
Participan de las convocatorias de Avellaneda Trabajo y Producción representaciones de: CGT, ambas CTA, UTEP, UIA, Frente Productivo, Unión Kiosqueros, cooperativistas, centros comerciales, UTN, UNDAV. Agradecemos los aportes de integrantes del Foro Economía y Trabajo.
