Una vez más la comunidad migrante se encuentra en el centro de las persecuciones a partir de declaraciones nefastas por parte del senador Miguel Angel Pichetto, la Ministra Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, quienes lanzaron fuertes acusaciones a los cuatro migrantes detenidos y exigieron al gobierno nacional que sean deportados, sobrepasando los límites de la justicia y de la ley de migraciones 25.871, que prohíbe la expulsión inmediata de los migrantes e incluso del mismo DNU 70/2017 en donde no establece que una detención puede ser causante de expulsión.
Argentina atraviesa un momento de crisis por las decisiones políticas y económicas de un gobierno que solo beneficia a un pequeño grupo acomodado y a entidades internacionales que están propiciando el saqueo, el hambre, la desocupación y la miseria de un pueblo trabajador y combativo. El mismo gobierno que utiliza como estrategia crear chivos expiatorios frente a los usos desmedidos de la fuerza, la represión y las conductas antidemocráticas que solo generan cortinas de humo para que el pueblo argentino pierda la atención del terrible ajuste y el presupuesto 2019 ideado para beneficiar al FMI.
El derecho a la protesta y a la organización existe en democracia, sin embargo los discursos políticos sesgados y los medios de comunicación parcializados estigmatizan a las organizaciones políticas, sociales y a los manifestantes justificando así la represión. Así como en este caso, en donde los migrantes vemos como se nos arrebata un derecho más, el derecho a la protesta y a la participación política, satanizando nuestra participación en reclamos que consideramos justos porque también aportamos, vivimos la crisis y luchamos por la Argentina.
Los migrantes no somos los causantes de las protestas, no propiciamos este panorama incierto y no generamos la rabia del pueblo argentino que se manifiesta en cada llamado a la organización y la lucha. Que el gobierno de Cambiemos se haga cargo y nos busque culpables en el mismo pueblo que oprime y lleva a la pobreza.
