En ese sentido, aportar recursos no sólo a los sectores productivos y del comercio sino a las familias comprendidas por las políticas sociales más extensas (AUH, jubilaciones, programas de empleo) es un acierto que trae alivio a miles de familias que tienen reducidos sus ingresos por el creciente estancamiento de la economía en medio de la crisis del coronavirus.
Aun así, vemos con preocupación que muchos son los que no están alcanzados por estas medidas por eso iniciamos la demanda de la universalización de los programas de empleo que garanticen un ingreso mínimo a cada trabajador informal del país con una contraprestación de trabajo organizada en cada localidad.
Como dijo el presidente recientemente, “necesitamos inyectar recursos para que la economía no se paralice y se siga moviendo. Eso complica la situación fiscal, pero esta vez lo importante no es el déficit”. Esto que vale para el país es aún más cierto para la economía familiar.
El hambre no espera, decimos.
Terminar con ello es nuestro desafío.