Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, cerró las exposiciones consolidando la unidad frente al ajuste del gobierno nacional de Macri y el FMI: “Defender la universidad pública y el desarrollo científico-tecnológico hoy es el camino para defender un futuro para la Argentina. Tenemos un gobierno que pretende destruir la educación en todos sus niveles, la ciencia y la tecnología para volvernos un país proveedor de materias primas; que es lo que los grandes capitales y los países centrales necesitan para mantener su supremacía en este siglo”.
La Marcha Universitaria de Antorchas será el epicentro de un plan de lucha definido por unanimidad en el último Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU tras seguir sin avances significativos en la paritaria (ver “Paritaria: nuevamente una oferta insuficiente y continúa el plan de lucha hacia la Marcha Universitaria de Antorchas”). En ese marco, se viene desarrollando una Jornada Nacional de Protesta de 72 horas, con clases públicas y asambleas en todas las universidades públicas del país para socializar los reclamos del sector.
El conflicto incluye a las 57 universidades nacionales en las que se desempeñan alrededor de 180 mil docentes investigadores. A su vez el sistema de educación superior abarca la formación de casi dos millones de estudiantes, de los cuales el 80% cursa en las universidades públicas, siendo uno de los porcentajes más altos de América en el sistema público estatal. Federico Montero, Secretario de Organización de la CONADU anticipó el impacto de la movilización “La Marcha de Antorchas está convocada en unidad desde la totalidad de los actores de la comunidad universitaria: las federaciones docentes, estudiantiles, el sindicato no docente y las agrupaciones de científicos e investigadores, además de diversos sectores de la comunidad. Esto demuestra que el reclamo no es sectorial sino que tiene que ver con la defensa de un modelo de universidad pública que es un ejemplo en el mundo, para la formación, la producción de conocimiento y para la construcción de un país con desarrollo económico y social con inclusión para todas y todos”
Conflicto de largo alcance
Tras cuatro meses de negociaciones, recién el 5 de abril pasado se aprobó la cláusula de revisión salarial que permitió cerrar la paritaria 2018 con un aumento promedio del 44%. Inmediatamente después se realizó la primera reunión paritaria 2019, en la que el Ministerio se limitó a receptar las demandas del sector universitario sin llevar una propuesta que pudiera ser analizada por las federaciones docentes.
Se desarrollaron, entonces, jornadas de 48 horas de paro universitario convocadas por CONADU y en un clima de total descalabro de las variables macroeconómicas. El acatamiento fue casi total en las 57 universidades públicas del país. Multiplicidad de actividades hicieron visible el malestar de la comunidad y la total adhesión social al plan de lucha docente, especialmente en las universidades del conurbano.
A contramano, sin embargo, el gobierno suspendió unilateralmente la reunión paritaria prevista para el 22 de abril, y cuatro días después ofreció un 15% de aumento hasta septiembre, sin contemplar cláusula de actualización automática. La propuesta fue rechazada de plano. Pero la Secretaría de Políticas Universitarias siguió desoyendo los reclamos y el 08 de mayo ofreció 4% de aumento en junio, 4% en agosto, 4% en septiembre y 3% en octubre, con una cláusula de actualización automática para noviembre y diciembre. Incorporó también las sumas no remunerativas y bonificables de enero y febrero en el mes de noviembre y las restantes en diciembre. La propuesta nuevamente rechazada por insuficiente por la CONADU: “Claramente, los plazos siguen siendo inaceptables tanto de las cláusulas como del blanqueo. Asimismo, reafirmamos nuestro reclamo de tomar el 44% como base de la discusión salarial 2019”, resumió Verónica Bethencourt, Secretaria Gremial de CONADU.
El ajuste del presupuesto universitario
Cabe recordar que los salarios a la baja de los y las docentes universitarixs se suma a un proceso de desfinanciamiento de las universidades nacionales que resulta de la política sistemáticamente aplicada desde el año 2016 por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Este proceso, que se desarrolla a través del efecto combinado de los recortes, la sub-ejecución y demora en la transferencia de partidas, y la licuación del presupuesto por efecto de la inflación, ha provocado la paralización del desarrollo del sistema universitario y enormes perjuicios para el funcionamiento normal de las instituciones en muy diversos planos de su actividad.
Entre los resultados destacables del último informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU) surge que:
• en el año 2018 las transferencias a las universidades nacionales representaron un 22,4% más que en 2017. Eso significa que el presupuesto creció 25 puntos porcentuales menos que la inflación de 2018;
• se redujo de manera drástica el presupuesto destinado a inversiones en las universidades (transferencias de capital), que sufrieron un recorte del 67% nominal, y una sub-ejecución del presupuesto residual (sólo se devengó un 45% del crédito final);
• la ejecución del presupuesto universitario de los distintos Ministerios y Secretarias de Estado (excluyendo el de las transferencias de la SPU) fue sólo de 27,9%, lo cual sería indicativo de la continuación del proceso iniciado en 2016 de reemplazar por consultoras privadas a las universidades nacionales, que hasta 2015 tenían un status preferencial para el Estado Nacional;
• el nivel de ejecución presupuestaria al concluir el año 2018 ha sido el más bajo de todo el período del gobierno de Cambiemos, quedando sin ejecutar $6.200 millones. Esa sub-ejecución se encuentra especialmente en el presupuesto que debía llegar a las universidades desde distintos Ministerios y Secretarías de Estado, y en las partidas que administra la Secretaría de Políticas Universitarias para: infraestructura (0%), Vinculación con el sector productivo y el sector científico-tecnológico (0%), FUNDAR (proyectos de desarrollo universitario), Proyectos Especiales, actividad de investigación de docentes universitarios y becas en el exterior.
• al finalizar diciembre de 2018, se adeudaban $11.916 millones en todas las actividades, con niveles muy altos de retraso en actividades de investigación, FUNDAR, gastos de funcionamiento, Hospitales universitarios y becas (ex Progresar).
Las exigencias 2019 de CONADU son:
• aumento salarial del 35%,
• recuperación del salario perdido en 2018,
• actualización automática por inflación (cláusula gatillo),
• blanqueo de las sumas en negro,
• regularización de docentes contratados y ad honorem,
• fondos de capacitación docente.