El gobernador Axel Kicillof fue el anfitrión de una cumbre federal que reunió a ministros de varias provincias, gremios y legisladores nacionales y provinciales, para volver a la carga contra la ley de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei y que quedó suspendida por varios fallos judiciales adversos.
Se trató de una nueva reunión del Encuentro Federal del Trabajo, un espacio que nació para ocupar el lugar del Consejo Federal de Trabajo, que estaba creado por ley y que la administración libertaria desarticuló.
Del encuentro participaron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, además de su par de la Pampa, Marcelo Pedehontaa; de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; de Formosa, Jorge González; de La Rioja, Federico Bazán; y de Santiago del Estero, Julia Comán.
En tanto, por la CGT dieron el presente el triunviro Octavio Argüello y Héctor Daer; los dirigentes de las CTA, Roberto Baradel, Hugo “Cachorro” Godoy y Oscar de Isasi, junto con el diputado nacional Hugo Moyano (h) y el senador provincial Pedro Borgini.
“Esta administración nacional, con su característica de desconocer la ley y el desmanejo absoluto del secretario de Trabajo, hizo que algunas provincias empecemos a reunirnos y siguiéramos manteniendo el tratamiento colectivo de algunas cuestiones que hacen a todas las jurisdicciones”, dijo el pampeano Pedehontaa a Buenos Aires/12.
En ese plano, sumó que Milei, a través de la ley de reforma laboral, ejerce “un avasallamiento” de las autonomías provinciales y del poder de policía que poseen.
“Claramente es violatoria de la Constitución Nacional y nosotros hemos decidido que esta es la mejor forma, no solo de defender a nuestros trabajadores, sino de seguir manteniendo las leyes y seguir sosteniendo que la República Argentina tiene una organización federal. Las provincias son anteriores a la nación, y eso este gobierno lo tiene que entender”, sumó el funcionario de Sergio Ziliotto.
Asimismo, aclaró que la definición de convocar a las centrales sindicales fue para “explicarles la decisión que hemos tomado de seguir sosteniendo la defensa de los trabajadores en nuestras provincias”, aunque subrayó que “no se trata sólo de defender colectiva e individualmente a los trabajadores, sino que es obtener la autonomía de las provincias que nos da la Constitución Nacional y cada una de nuestras organizaciones institucionales en las provincias”.
El secretario general de la CTA, Hugo Godoy, sentenció que el encuentro sirvió para “que se reafirme el concepto de inconstitucionalidad de la reforma laboral y generar una articulación única de la demanda en las calles, la política y la judicial”.
En el encuentro, evaluaron que la ley de reforma laboral modificó y derogó cierto contenido normativo “incurriendo en graves violaciones a la Constitución Nacional, entre ellas, en una irrazonable intromisión en las competencias y atribuciones de los gobiernos locales”, según expusieron en un documento conjunto.
Por eso evaluaron que la Constitución “es clara en cuanto a cuáles son los poderes que la Nación puede ejercer por delegación de las provincias preexistentes que la componen, estando el resto dentro de los no delegados o reservados y que resultan de exclusivo resorte local”.
Esta fue una nueva foto federal para sumar al álbum del gobernador Kicillof, que semanas atrás tuvo otra con un centenar de intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero también de otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos, entre otras.
Durante el encuentro, los participantes elaboraron un documento donde quedaron detalladas trece disposiciones que comparten la lógica de “expansión que extralimita el principio de razonabilidad” establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Según funcionarios y gremialistas, en algunos casos relacionados con tasas de justicia, cuotas de sentencias y aranceles, la ley de Milei legisla sobre aspectos procesales, es decir, “cuestiones reservadas expresamente por las provincias”.
Además, en otros artículos donde expone sobre la exclusividad registral, fiscalización y certificados médicos, la ley laboral “intenta desplazar el poder de policía local” mediante cláusulas que violan la autonomía de los poderes locales.
“Estas situaciones suceden, se desarrollan, acaecen en los territorios provinciales, en nuestros territorios, por lo que deviene urgente y necesario sostener las competencias y atribuciones de las provincias, sin las cuales no hay federalismo, y sin federalismo no hay Nación”, concluye el documento.
