En la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires se realizó esta mañana una jornada de trabajo para debatir el “Proyecto de Ley de Presupuesto Bonaerense 2019” enviado a la legislatura provincial por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Los trazos más gruesos del presupuesto analizado por los legisladores y los dirigentes sindicales y sociales de la CTA se destaca el “impacto negativo que va a tener sobre los municipios” ya que el gobierno pretende transferir responsabilidades de gestión a las municipalidades sin transferir los recursos económicos necesarios”.
Por otra parte, la provincia pretende deslindar responsabilidades como el sostenimiento de la educación, el transporte, la salud y asfixiar a las economías regionales y municipales. En la práctica es un recorte en políticas sociales.
El encuentro, que abarcó varias horas de la mañana, estuvo presidido por el secretario Adjunto de la CTA bonaerense, Raúl Calamante, Silvia Almazan, Directora del IDESBA, María Reigada y Rosana Merlos del Consejo Ejecutivo y el Equipo Técnico del Instituto IDESBA Stella Maldonado de la CTA provincial. Luego se sumó al debate el secretario General Roberto Baradel.
Por el lado de los legisladores estuvieron presentes los diputados Walter Abarca, Mauricio Barrientos, Juan Debandi, Miguel Funes, Cesar Valicenti, todos de Unidad Ciudadana y asesores de la diputada Rocío Giaccone del Frente Amplio Justicialista. Además estuvo el senador Darío Díaz Pérez, Partido Justicialista Unidad y Renovación. Y los asesores de Daniel Barrera, Juan Pignocco, ambos de Unidad Ciudadana y de José Luis Pallares, del Frente Renovador.
El presupuesto prioriza el pago de la deuda.
Los legisladores presentes coincidieron con el análisis del IDESBA de la CTA que “este proyecto de ley de presupuesto prioriza el pago de los intereses y amortización de la deuda. Ya que destina para esa partida más de 118 mil millones de pesos. Es decir, la mitad del presupuesto de educación y casi un presupuesto anual para el área de salud."
A esto se suma que apenas 28 mil millones de pesos son destinados para obras públicas y el combo se cierra con la transferencia de los subsidios a las tarifas eléctricas y al transporte a los municipios y la quita del fondo sojero tan esperado por los intendentes para canalizarlo en obras y políticas sociales.
Finalmente, desde la CTA alertaron que el presupuesto contempla un importante recorte salarial para los trabajadores de las áreas de salud, educación, justicia y administración pública, que sumado a la pérdida del poder adquisitivo de este año que está en el orden del 5,3 por ciento y para el próximo año se proyecta una caída real del 8.8 que sumerge a más pobreza a la clase trabajadora bonaerense y profundiza el ajuste.
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- Gastón Ghioni coordinador de IDESBA
