Junto de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, estatales, docentes, cooperativistas, recicladores de residuos, trabajadoras sexuales, judiciales, estudiantes y demás organizaciones del campo popular la CTA exigió el freno de este proyecto regresivo que atenta contra las libertades individuales y el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Los manifestantes denunciaron que el proyecto tiene como objetivo reprimir la protesta social, así como "el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular". "A su vez, es sumamente reaccionario, restringiendo la utilización del espacio público a los negocios privados y cercenando los derechos de la población en general", indicaron.
En esa línea, advirtieron que el Código ampliará "el brutal poder de actuación represivo de la policía", que "sostenidamente persigue, vulnera los derechos y criminaliza a las comunidades migrantes, LGTBIQ y las clases populares en general".
El Código establece que “la selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición o transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las normas reglamentarias pertinentes, será sancionado con multa de 50 a 500 módulos y/o arresto de hasta 5 días”, una medida que afecta directamente a los cartoneros.
Por otro lado está el artículo 90°, en que se sanciona la quema de neumáticos por parte de locales comerciales e industriales, y apunta también a las protestas callejeras. Lo hace al incluir la conducta de “partidos políticos, asociaciones gremiales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales o agrupación de personas”, a quienes se les aplicará una multa mínima de 100 módulos (unos 17.300 pesos).
El 180º establece que la “realización de ventas en forma ambulante con mercaderías o muestras con propósitos comerciales sin que sus propietarios posean el permiso” será sancionada con multa de 20 a 2000 módulos y/o arresto de hasta 20 días; y el 181° agrega que la realización de venta ambulante mediante el empleo de vehículos o elementos no aptos para tal fin o diversos de los habilitados será sancionado con multa de 20 a 1500 módulos y/o arresto de hasta 20 días. El 209°, en tanto, sanciona a quien “vendiere de manera ambulante en el espacio público, cualquier producto sin importar la naturaleza, excepto los autorizados específicamente”.
Las trabajadoras sexuales y mujeres/trans-travestis en situación de prostitución también se unieron a la protesta. Es que claro, en el anteproyecto se sancionan las actividades de la denominada “zona roja” en el artículo 207º, que remite a quien “ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público”. Además prevé sanciones con multa de 100 a 900 módulos (17.300 a 155.700) y/o arresto de hasta 15 días.