El brutal anuncio de LATAM del cese de operaciones de cabotaje en Argentina, pretendiendo mantener algunas operaciones internacionales a través de sus filiales extranjeras, confirman una estrategia de varios años de vaciamiento de su filial en nuestro país a favor de sus casas matrices en Chile y Brasil.
Hace pocos días Roberto Alvo, CEO de LATAM dijo desde la sede de Santiago de Chile que antes de la crisis del coronavirus tenía cerca de 42.000 personas trabajando entre todas sus filiales pero que en la actualidad, dadas las circunstancias, solo necesitaba 5.000 para poder funcionar. Con honestidad brutal, expresó las verdaderas intenciones del grupo empresario en el mismo momento en que disponía repartir dividendos por 57 millones de dólares entre sus accionistas tras haber tenido ganancias globales en el período 2015-2019 por unos 800 millones de dólares. Simultáneamente, el holding se apresuraba a pagar una cuantiosa deuda de aproximadamente 37 millones de dólares que años antes había contraído con Inversiones Odisea Limitada, la empresa familiar del Presidente de Chile Sebastián Piñera (quien, hasta 2010, había sido el principal accionista de LAN Chile).
En línea con esa estrategia de descargar el mayor peso de la crisis sobre sus propios trabajadores, el holding chileno-brasileño ya había dispuesto reducir a la mitad los salarios de su personal en todo el mundo; iniciar despidos y suspensiones masivas en varios países; cerrar filiales; solicitar subsidios con fondos públicos a los gobiernos que los ofrecían y acoger al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos a varias de sus filiales. Por esta última decisión, el reparto de dividendos quedó temporalmente postergado. El resultado hasta el día de hoy es: casi 5.000 trabajadores despedidos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, muchos de los cuales habían aceptado contra su voluntad la reducción del 50% de sus salarios para no perder su empleo. Lo perdieron igual. Para el holding LATAM la pandemia era una oportunidad que no debía desaprovecharse. Incluso en Perú y Ecuador los sindicatos elevaron denuncias contra el grupo empresario por no brindar efectiva protección sanitaria a su personal y ocultar casos positivos de COVID-19 en el mismo.
La Argentina y la filial del grupo en nuestro país se convirtieron en el último obstáculo a resolver. Durante los cuatro años del gobierno de Macri – Cambiemos, seguramente con la intención de convertir a la filial argentina en una empresa de bajo costo (low cost) que alimentara las rutas troncales a través de los Hubs del grupo en Santiago de Chile y San Pablo, Brasil, la estrategia de LATAM fue reducir gradualmente sus instalaciones en nuestro país para trasladarla a sus dos sedes principales. Desmanteló su call center y lo trasladó a Santiago de Chile. Desmanteló sus despachos de operaciones locales y los derivó a despachos remotos ubicados también en Santiago de Chile y San Pablo. Tercerizó todo su sector de cargas aéreas, armando empresas “externas” con sus propios empleados. Cerró sus oficinas y operaciones en Bahía Blanca y San Juan. A través de su estrategia de “Interchange” logró operar desde Argentina con aviones de matrícula chilena.
En ese marco, no fue sorpresa para nadie que, mientras el holding reportaba ganancias por 800 millones de dólares en el período 2015-2019, su filial argentina presentara pérdidas por 280 millones de dólares entre 2018 y 2019. Todo el
lo mientras sus principales CEOs en Argentina ocupaban los más altos cargos en el gobierno nacional, los organismos aeronáuticos e, incluso, su competidora estatal Aerolíneas Argentinas.
La pandemia de COVID-19 que sacudió al mundo le dio la oportunidad para completar su tarea de retirada de Argentina. Al negarse los sindicatos representativos de su personal a aceptar reducciones salariales ni suspensiones; al disponer el gobierno nacional la prohibición de efectuar despidos, y al obligar el Ministerio de Trabajo de la Nación a la empresa a pagar el 100% de los salarios, LATAM aceleró sus planes y finalmente dispuso el cese de sus vuelos internos, intentando mantener algunos vuelos internacionales a través de sus filiales extranjeras.
A diferencia de otras líneas aéreas y empresas vinculadas al transporte aéreo que, a pesar de la profunda crisis, negociaban con los sindicatos del sector condiciones laborales y salariales que respetaran los ingresos y la estabilidad laboral de sus trabajadores/as, LATAM sólo mostró intransigencia. Rechazó toda propuesta sindical tanto en forma directa como en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo; Rosario Altgelt, su CEO en Argentina, jamás compareció en dichas audiencias mientras mostraba mucho más interés en disputar el cargo de vicepresidenta del Coloquio de IDEA, usina del neoliberalismo empresario local; rechazó la disposición de dicho ministerio que, dando la razón a los sindicatos, la obligaba a pagar el 100% de los salarios.
Respecto al gobierno nacional, su actitud no pudo ser más extorsiva. Solicitó que la mitad de sus salarios fuera pagada a través del subsidio oficial ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), con lo que si lograba su propósito de abonar sólo el 50% de los salarios no hubiera tenido que desembolsar ni un solo peso. Al cambiar ahora su estrategia, anunciando el cese de operaciones al mismo tiempo que le presenta al Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), apunta a poder pagar sólo la mitad de las indemnizaciones que por ley corresponden, violando de paso las disposiciones del DNU N° 34/2019 (Emergencia pública en materia ocupacional), que prevé la doble indemnización en caso de despido hasta el 10/12/2020, y el DNU N° 487/2020 (Emergencia Sanitaria), que prevé la prohibición de despidos hasta el 31/7/2020.
Para completar este cerco sobre sus propios trabajadores y eludir sus obligaciones legales en nuestro país, la empresa ha comenzado a ofrecer “retiros voluntarios” de carácter individual, que nuestros sindicatos han recomendado rechazar por su carácter extorsivo y leonino.
Como no podía ser de otra manera, LATAM ha pretendido justificar toda esta estrategia en buscar culpables: la pandemia, los sindicatos y el gobierno. Nada más alejado de la realidad. Esta es una crisis provocada durante años por el propio grupo empresario que ha encontrado en la trágica pandemia que azota al planeta una buena excusa para reducir al mínimo su presencia en Argentina e intentar flexibilizar al máximo las condiciones laborales y salariales de su propio personal.