El partido de General Pueyrredón atraviesa una situación de emergencia en violencia por motivos de género y diversidad que ha quedado plasmada en antecedentes normativos como la ordenanza municipal Nº22739 (2016) y sus sucesivas prórrogas. Los 21 femicidios ocurridos desde la sanción de esa norma y las numerosas denuncias públicas realizadas por el Movimiento de mujeres y diversidad de Mar del Plata – Batán dan cuenta del sistemático incumplimiento del estado municipal en su rol de prevenir y erradicar la violencia de género.

En el contexto de emergencia sanitaria por el Covid -19 se ha agravado la problemática de las personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad y Mar del Plata fue la segunda ciudad de la Provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de consultas a la línea 144. En un exhaustivo informe del Observatorio en Violencia por Motivos de Género y Diversidad recientemente presentado al Intendente Guillermo Montenegro se señala con datos concretos la falta de políticas públicas en estas temáticas. Durante los últimos 6 meses hubo 7000 consultas a la Dirección de Políticas de Género, pero las intervenciones dadas por esta área se cuentan en números mucho menores. Esto no sorprende si se considera que el gobierno municipal ha subejecutado el ya magro presupuesto destinado a “Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres”. Además, no se ha incorporado personal para atender el aumento de demanda y las bajas temporales de trabajadorxs en riesgo de salud. Es de suma gravedad que las mujeres y las personas LGBTIQ+ en situación de violencia muchas veces no son atendidas en los CAPS ya que no hay instrucciones claras que indiquen que estos casos son emergencias lo cual condiciona su acceso a la justicia.

Como centrales sindicales queremos poner en valor el trabajo voluntario y sostenido de lxs integrantes del Observatorio y adherimos al pliego de solicitudes en su último informe que subraya la necesidad de políticas públicas integrales de atención a personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad. Asimismo, debemos señalar que a menudo el rol que debería cumplir el estado en acompañar a estas personas es realizado por organizaciones feministas, sindicales, sociales y políticas por medio de promotoras sin reconocimiento ni remuneración.

En este contexto, creemos que es esencial y urgente que se lleven a cabo las siguientes medidas:
- Jerarquizar el área de políticas de género con presupuesto acorde.
- Implementar en forma completa la ordenanza de Emergencia en Violencia de Género recientemente prorrogada.
- Ampliar las plazas destinadas a ser hogar de medio camino para mujeres y sus hijxs.
- Firmar un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nacional para adherir al programa Acompañar.
- Implementar el cupo laboral travesti trans (ordenanza Nº23237, promulgada el 14/07/2017).
- Cubrir cargos licenciados y aumentar la planta tanto administrativa como de especialistas de la Dirección de Políticas de Género.
- Asegurar la atención de personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad en los CAPS estableciendo estos casos como emergencias.
- Proyectar la creación de consultorios interdisciplinarios e inclusivos que aborden la salud integral de las mujeres y personas LGTBI+.
- Gestionar los recursos necesarios para la movilidad (inclusive fines de semana) y la conectividad de las personas en situación de violencia de género.
- Planificar e implementar un programa de capacitación e inserción laboral que le permita a las personas salir de la situación de violencia, fortalecer su autonomía y desarrollar sus proyectos de vida.

En momentos donde se propone a nivel nacional un proyecto de ley de presupuesto con el 3,4% del PBI destinado a programas con perspectiva de género creemos oportuno solicitar