La CTA de les trabajadores Regional Mar y Sierras repudia las declaraciones por redes sociales de Lucas Fiorini, senador provincial marplatense de Juntos por el Cambio en las que considera que destinar presupuesto a programas con perspectiva de género “Es inmoral y una locura”. La asignación de 3,4% del PBI a partidas con perspectiva de género en el proyecto de Ley de presupuesto constituye un logro alcanzado por la lucha de los movimientos feministas y también de las organizaciones sindicales que hemos señalado históricamente las desigualdades que sufren mujeres y personas LGBTI+.

El legislador de Juntos por el Cambio utiliza expresiones como “ideología de género” alineadas con la derecha nacional e internacional para descalificar políticas públicas que se proponen, entre otras cosas, prevenir y erradicar la violencia de género.
En un país donde debemos lamentar cada 29hs una nueva víctima de femicidio, el Sr. Fiorini considera que las cuestiones de género no son parte de las “prioridades serias y necesidades vitales para el País y su pueblo”. Además, omite deliberadamente que la desocupación, los empleos de bajos ingresos, el empleo informal y las tareas de cuidado no remuneradas afectan en mayor proporción a las mujeres.
Las evaluaciones del senador provincial se encuentran alineadas con la falta de políticas públicas y recursos que su compañero de espacio político del gobierno municipal destina hacia la asistencia integral de víctimas, prevención y erradicación de la violencia machista en General Pueyrredón. El intendente ha incumplido su promesa de jerarquizar el área de políticas de género, no ha nombrado nuevxs profesionales para atender a personas en situación de violencia y no ha implementado en numerosos puntos la ordenanza en Emergencia en Violencia por Motivos de Género y Diversidad.
La CTA de les trabajadores como integrante del Observatorio contra la Violencia por Motivos de Género y Diversidad de General Pueyrredón adhiere a los requerimientos de ese espacio al ejecutivo provincial que incluyen el cumplimiento de la Ley Micaela, el diseño de un plan integral de prevención y erradicación de la violencia de género y la proyección de partidas presupuestarias necesarias y acordes a este fin.