Estas declaraciones carecen de pertinencia: el diputado expone situaciones que ocurren en otros países, con diferente legislación y enfoque desconociendo la realidad nacional. Podríamos decir que sí tuvimos una guerra, podríamos mencionar a las personas veteranas de Malvinas, pero estaríamos ingresando al terreno engañoso que pretende llevar Lousteau, y ese no es el fondo de la cuestión. Porque no se puede hacer una comparación directa entre países para tener un parámetro de "normalidad" entre el número de habitantes de un país y la cantidad de pensiones por discapacidad. Para evaluar la cantidad de pensiones se debe ver qué oportunidades tienen esas personas de vivir con dignidad y autonomía teniendo derecho a un trabajo genuino y a una protección social que esté conforme con la dignidad inherente de la persona humana.
Lousteau no dice en su alocución que es el Estado el que incumple con sus obligaciones de brindar trabajo digno a las personas con discapacidad. Es el Estado el principal discriminador de las personas con discapacidad, negando empleo digno y eliminando las pensiones que asisten con carácter alimentario.
El gobierno nacional informó en Enero de 2017 que había 1.003.661 de personas con pensión, número similar a las 957.610 personas con discapacidad que el mismo gobierno nacional informó en el Anuario 2016 del Servicio Nacional de Discapacidad (es importante aclarar que a ese número se le debe agregar las miles de personas que aún poseen certificados de discapacidad previos al CUD, sobre todo en Provincia y Ciudad de Buenos Aires) y de las personas que no han podido aún certificar su discapacidad". Y muy inferior a las 3.571.983 personas que el propio Indec ha informado como población de 6 años o más, con discapacidad en nuestro país, en su Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad.
El legislador aparenta desconocer las obligaciones contraídas por el Estado Nacional a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional por la ley 27044. Sus dichos configuran un acto discriminatorio en razón de discapacidad, ya que entra en el análisis de datos sólo porque hay discapacidad, sin consideración del contexto, en infracción con las obligaciones del art 4 de la CDPD.
Le informamos al Sr. Lousteau, y a la ciudadanía en general que el Estado recibió observaciones en su rol de garante de protección social a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, la cual claramente no está asegurada con una pensión de $5000, pero contribuye a financiar cuestiones no previstas por el Estado, como el acceso a apoyos, movilidad y sobre todo, el acceso a la salud que con todas sus dificultades brinda Incluir Salud.
Lousteau dice que “debemos revisar cómo gastamos el dinero y ser rigurosos” porque el número actual “no es normal”. ¿Qué es lo “normal”, Lousteau? Precisamente, lo que el mercado establece como “cuerpo normal” es la verdadera barrera que excluye a las personas con discapacidad, vistas como improductivas e incapaces, de cualquier oportunidad de desarrollar un trabajo digno.
Torpemente y mediante el engaño, el diputado intenta abonar a la campaña de desprestigio que desde el gobierno pretenden instalar respecto de las pensiones no contributivas, y al describirlas como un gasto deposita a las personas con discapacidad como una carga, tal como los regímenes totalitarios lo han hecho a lo largo de la historia; y como vagos, enlazando el viejo discurso de la prescindencia con la falaz estereotipación de la que el macrismo ha hecho una de sus principales espadas discursivas. La operación sigue siendo la misma: sembrar dudas acerca de la legitimidad de las pensiones para justificar recortes, estigmatizando al colectivo de personas con discapacidad, largamente invisibilizado y objeto de vulneración de los derechos más básicos.
Invitamos al Sr. Legislador a que se informe respecto de la real situación de las personas con discapacidad, contribuya a derogar el decreto 432/97 (inconstitucional por ser previo y contrario a la Convención) para establecer nuevas condiciones que respeten la autonomía de las personas con discapacidad y trabaje para que se cumpla el cupo del 4% de personas con discapacidad en el Estado, cuyo cumplimiento está debajo del 1% y con el congelamiento de vacantes en el Estado, lejos está de materializarse.
REDI - RED POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUNDACION Rumbos - MESA DE TRABAJO EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS - Córdoba - FAICA – FEDERACIÓN ARGENTINA DE INSTITUCIONES DE CIEGOS Y AMBLÍOPES - CONFEDERACIÓN GENERAL DE JUBILADOS, RETIRADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES DEL PAÍS - CTA – CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA - ATE CAPITAL – ÁREA DISCAPACIDAD
