Declaración de la sociedad civil reunida en la Contracumbre de Discapacidad.

6 de junio del 2019, Buenos Aires, Argentina

El 6 de junio del 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina nos hemos reunido
en esta región de América Latina entre ellos representantes de Organizaciones de
Personas con Discapacidad, también denominados OPD, representantes de la
Sociedad Civil, de Gobiernos, Organizaciones Multilaterales y el Sector Privado con
la finalidad de apoyar la implementación y el monitoreo de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CDPD)
así como la Agenda 2030 a fin de lograr el ejercicio pleno y efectivo de nuestros
derechos. Es así como, de manera colaborativa, queremos transmitir la siguiente
declaración: Nos comprometemos a trabajar con todos los actores clave, en particular con los gobiernos aquí en la Cumbre para garantizar que todas las personas con
discapacidad disfruten de sus derechos y libertades fundamentales de manera plena e igualitaria, tal como se establece en la CDPD.

Estamos convencidos de que la Agenda 2030 es una oportunidad importante para
promover los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo, y que
la CDPD debe ser su marco guía.

Reconocemos que si bien se han logrado algunos avances tras la ratificación de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con
discapacidad (CDPD) en los países de América Latina, estos avances han sido
poco significativos para cambiar las condiciones de una vida llena de marginación
y pobreza ya que han tenido un impacto desigual y no han sido suficientes para
hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en la región.

Hoy, hacemos un llamado a los Estados, gobiernos, empresas y otras asociaciones
de derechos humanos para elaborar compromisos medibles, ambiciosos y
duraderos. Compromisos que se harán realidad y no solo quedarán en el papel.

Es hora de implementar plenamente la CDPD para que todas las personas con
discapacidad ejerzan sus derechos y participen plenamente considerando su
contexto geográfico tanto rural como urbano, político, económico, multiétnico y
pluricultural.

Todos nosotros, todos ustedes, los líderes mundiales en esta sala, tenemos una
oportunidad única, pero también ¡una gran responsabilidad!
Hacemos un llamado para:

1. Garantizar la participación de las personas con discapacidad, especialmente de
mujeres, niñas, niños, indígenas, migrantes y desplazados con discapacidad en
todos los procesos de toma de decisiones y seguimiento de la Cumbre para que los
estados aseguren su derecho a la participación y la consulta.

2. Apremiar a los estados para que incrementen la inversión en discapacidad,
asignando presupuestos específicos, asociándonos con una diversidad de OPD,
empresas y otros sectores como la academia para apoyar al Movimiento por los
Derechos de las personas con discapacidad a fin de lograr la implementación
progresiva y transversal de los derechos de las personas con discapacidad. Todos
los derechos para todos.

3. Comprometerse a desarrollar y fortalecer las capacidades de todos los actores
clave (gobierno, organismos multilaterales y una sociedad civil más amplia) para
implementar la CDPD, la agenda 2030 y otras herramientas de carácter regional.

4. Fortalecer las organizaciones ya existentes para que sean más sólidas en todos
los niveles, con énfasis en las áreas temáticas y áreas transversales de la Cumbre.

5. Pugnar para que los estados incorporen la obligatoriedad de la previsión de
ajustes razonables en todas las prácticas políticas y legislaciones con el objetivo de
que cumplan con la CDPD desde el nivel local, nacional, regional y global
considerando que sería discriminatorio su denegación e instar para que estén
presupuestadas de manera apropiada y cuenten con recursos para su ejecución.

6. Apoyar la recopilación y el uso de datos apropiados, confiables y comparables,
en asociación con personas expertas en el tema e incluidas las personas con
discapacidad.

7. Incrementar acciones efectivas que garanticen la educación inclusiva de calidad,
que promuevan el tránsito y erradicación de la educación especial a la educación
inclusiva, los Estados deben asegurar entornos educativos inclusivos presenciales
y virtuales para todas las personas con discapacidad, especialmente para los
indígenas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual, múltiple,
con barreras comunicacionales, sordos, sordociegos. Reconociendo la diversidad
comunicativa como el uso de la lengua de seña de las personas sordas y sistemas
de comunicación de las personas sordociegas y otros de comunicación aumentativa
y alternativa; también deben poner en práctica las leyes y los planes que garanticen
la existencia de maestras y maestros capacitados, incluidos aquellos con
discapacidad; que estén disponibles los apoyos y ajustes necesarios que aseguren
el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de las capacidades de todos los
estudiantes en el sistema general de educación, entornos virtuales inclusivos así
como materiales, equipamientos y textos para todos los estudiantes.

8. Promover que los actores económicos públicos y privados se comprometan más
activamente en realizar acciones afirmativas para que las personas con
discapacidad ejerzan su derecho al trabajo y para evitar su exclusión, lo que
implicará crear más y mejores empleos de calidad, proporcionar protección social
sin discriminación, hacer accesibles los entornos y ambientes laborales;
promoviendo el ingreso, permanencia y crecimiento de las personas con
discapacidad en sus trabajos.

9. Garantizar la conectividad y de tecnología para trabajar en la adquisición de
competencias digitales para todas las personas con discapacidad principalmente
en zonas rurales e indígenas optimizando la disponibilidad y asequibilidad de la
tecnología asistida adecuada, incluida la digital, que permitirá a las personas con
discapacidad participar plenamente y contribuir a la sociedad y al mismo tiempo
garantizar las instancias de educación y habilitación imprescindibles para el acceso
a la tecnología de las personas con discapacidad, accesibilidad a las páginas web
y garantizar la usabilidad de la tecnología.

10. Los estados deben comprometerse en generar sistemas de apoyo para que las
personas con discapacidad, en especial para las personas con discapacidad
psicosocial, intelectual, sordas y sordociegas cuenten con intérpretes, guías intérpretes y apoyos humanos idóneos y calificados que les permitan ejercer su
derecho a la justicia y para que se garanticen procesos que requieran apoyos
comunicacionales.

11. Se requiere con urgencia que los Estados realicen reformas a sus legislaciones
sobre la capacidad jurídica para avanzar en el respeto de los estándares de
derechos humanos, particularmente del derecho a tomar decisiones con autonomía
utilizando apoyos y gozando del respeto a la voluntad y las preferencias de las
personas.

12. Asegurar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad
ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, en especial las niñas y mujeres con
discapacidad.

13. Que los estados aseguren mecanismos de prevención y protección contra la
tortura y la privación de la libertad por causa de discapacidad y que adopten planes
para la desinstitucionalización de manera que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho a vivir en la comunidad. Los estados deben garantizar
la puesta en marcha dispositivos apropiados que permitan la vida independiente en
comunidad de todas las personas con discapacidad, en especial las personas con
discapacidad múltiple, intelectual y psicosocial.
No es suficiente decir que las personas con discapacidad ya estamos en la agenda
2030, necesitamos trabajar intensamente, por los que estamos aquí en la Cumbre
pero también para todos los que no están, que los resultados de nuestro trabajo
sea para todos, hagamos que en la realidad esa interseccionalidad a la que nos
referimos, viva en cada una de nuestras acciones, en la de las organizaciones, en
la de los gobiernos, que nuestro trabajo nutra el camino para que nadie se quede
más.

Esta declaración ha sido una iniciativa liderada por la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, por sus siglas
en inglés), la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y
sus Familias - RIADIS, coanfitriones de la Cumbre Global de Discapacidad, en consulta con el Grupo de
Referencia de la Sociedad Civil de la Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019.

"Más 78 millones de pesos en una cumbre internacional para decirnos lo que ya sabemos; y otra ves nos encasillar en una agenda para dentro de 10 años; las personas con discapacidad ya estamos cansadxs de espera, la Convención internacional se firmó hace más de 10 año, tenemos leyes para hacer cumplir estos derechos y hoy nos vienen con que tenemos que estar otro 10 años, Cambiemos destruyó la autonomía de las personas con discapacidad, con las quita de pensiones, con la quita a las prestaciones....etc". Basta de violencia hacia las personas con discapacidad.

Remigia Cáceres secretaria nacional de discapacidad de la CTA de los trabajadorxs