Esta ley dio la posibilidad por primera vez en la historia, de cambiar la burocratización de las políticas habitacionales, ampliando derechos al acceso del suelo y en la gestión democrática de la ciudad, genero herramientas a los municipios facilitando y resolviendo la gestión territorial según la problemática.
Crea el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) desde donde se realizó el relevamiento de datos de los barrios que se fueron consolidando como villas y asentamientos, con esto se logra detectar la falta de infraestructuras, de servicios básicos, y que puso al descubierto las condiciones precarias en que Vivian las familias, con lo cual se hizo hincapié en la preservación de la vida, la salud y el cuidado del medio ambiente.
Además, dio lugar a la creación de los Consejos Locales en los municipios, generando la construcción de espacios de participación con la comunidad organizada y la articulación entre el Estado municipal y provincial, donde las familias pueden planificar y proyectar la ciudad ideal que anhelan, atendiendo las necesidades urgentes de cada familia, mediante las políticas habitacionales generadas a partir de la implementación de esta ley, por lo tanto la institucionalidad de estos espacios de participación es uno de los pasos más importantes para la planificación e integración Socio-Urbana.
Otro de los ejes que toma relevancia es la producción del suelo, donde la ley obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder un 10% de su terreno a los municipios para la confección de viviendas sociales, esta disposición encuadra a los countries, cementerios privados, club de campos que tengan más de 5mil M2, y sino tienen espacio para equipararlo, deberán aportar el valor económico que representa.
Por otro lado, la ley facilito la formación y capacitación de las herramientas que llevan adelante la ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires, capacitando a los funcionarios municipales, concejales y concejalas ampliando derechos, y a la vez las Universidades crean las diplomaturas de vinculación en gestión comunitaria del hábitat, donde los compañeros y compañeras son replicadores y replicadoras en la gestión territorial.
La ley nos trajo una serie de principios rectores que sintetizan el espíritu de su concepción, que dio lugar al derecho a la ciudad, a la Función Social de la Propiedad, La Gestión Democrática y a la Distribución justa de las cargas y los beneficios de los desarrollos urbanos. Esto genera la participación colectiva y articulada con los diferentes espacios multiactoral e interdisciplinarios en el proceso de consolidación de un barrio.
A 10 años de la sanción de la ley de Acceso Justo al Hábitat, La Central de Les Trabajadores, vemos necesario dar el debate a los nuevos desafíos que se presentan en la actualidad, como la actualización y modificación de la ley, incorporar la temática del hábitat con perspectiva de género cuando se proyecta la planificación de una ciudad o integración urbana, intervenir en la tierra del periurbano rural para los productores familiares y quinteros; la preservación y el cuidado del medio ambiente a la hora de la planificación urbana, continuar con la profundización en la aplicación en su totalidad y la reglamentación, como también la creación de mas espacios institucionalizados de participación comunitaria en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, creemos que es fundamental profundizar el debate tomando al urbanismo como un derecho social, fortaleciendo la participación y la articulación de les trabajadores, la comunidad organizada, las organizaciones sociales e instituciones, con el nuevo Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, con la OPISU, con el Instituto de la Vivienda, y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, como también con la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad.
