Desde la CTA de la Provincia de Buenos Aires, entendemos que la represión no puede ser el método para resolver la situación de quienes padecen el déficit habitacional y luchan por garantizar sus derechos.

La justicia negó la posibilidad de continuar con las negociaciones y encontrar una solución que contemple a las familias

*Lamentablemente por la decisión de los fiscales Condomí Alcorta y Marcelo Romero de interrumpir el proceso negociatorio y la orden que dió el Juez de Garantías Martín Rizzo, hoy varias familias vuelven a quedar en la calle, ordenando un desalojo compulsivo, que sólo agregó angustia, violencia y desamparo, a una situación de pobreza, indigencia y desprotección.*

Reconocemos el compromiso y el esfuerzo del Gobierno de Axel Kicillof para resolver la problemática, la predisposición al diálogo y la continuidad de las negociaciones para dar respuesta a las necesidades de las familias.
Las negociaciones con la Mesa Multiactoral con la participación del Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, de la Ministra de la Mujer Estela Díaz y el Ministro de Justicia Julio Alak, se vieron interrumpidas, por el accionar de la justicia al no permitir su continuidad, a lo que se sumó la necedad de algunas organizaciones políticas que en lugar de priorizar la situación de las familias priorizaron sus propios intereses partidarios, obturando la posibilidad de soluciones concretas.

Entendemos que la Ley de Acceso al Hábitat tiene que ser el medio para garantizar el derecho a la vivienda en la Provincia.

Repudiamos la posición de los senadores de Juntos por el Cambio de no dar quórum en la comisión de hábitat de la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y exigimos que se pongan a legislar para generar las condiciones que permitan
resolver la falta de tierra, techo y trabajo.

*Seguimos reclamando una solución integral para el déficit habitacional, generando lote urbano, garantizando también la vivienda en las zonas urbanas y rurales e impulsamos el el impuesto a las Grandes Fortunas para dotar al estado de mayores recursos imprescindibles para enfrentar la crisis heredada del gobierno anterior y que profundizó la pandemia.*