El 21 de agosto de 2003, por decisión política del Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, el Senado convirtió en Ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Aquella democracia que supimos conseguir fue condicionada con la promulgación de estas dos leyes y se necesitaron 16 años y un Presidente que pusiera la política de Derechos Humanos como algo fundamental para subsanar esa vieja herida.
Hoy, tenemos que seguir trabajando por una justicia independiente de los poderes económicos, políticos y de facto.