Las leyes aún vigentes y sancionadas todas por unanimidad en la legislatura nacional establecen que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las Fuerzas Armadas, desarticula las prerrogativas previas en materia de seguridad e inteligencia interior y regula con carácter de excepcionalidad y por un tiempo acotado su eventual intervención en la órbita de la seguridad interior, delimitando situaciones muy específicas:
• El caso de una agresión armada dentro de la propia jurisdicción militar
• La petición de apoyo logístico por parte del Comité de Crisis bajo disposición del Ministerio de Defensa
• El desborde sobrepasado o conmoción del sistema de seguridad interior con previa declaración de Estado de Sitio por parte del Congreso.
Estas pautas fortalecen el concepto de que el objeto de la defensa nacional es “la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar agresiones de origen externo”. Recordemos, además, que las amenazas de origen externo son las que pueden ejercer otros Estados. La policía o las fuerzas intermedias fueron creadas y están entrenadas para administrar la fuerza que el Estado despliega en su territorio.
Esta delimitación de la función de las fuerzas de seguridad y las de defensa se ha mantenido relativamente estable y los intentos de suprimirla han sido en estas últimas tres décadas impedidos por las diferentes oposiciones.
El fantasma del narcotráfico y el terrorismo han sido argumentaciones que debemos descartar dado que las experiencias de militarización para combatir el narcotráfico han generado escenarios de violencia creciente, que luego son difíciles de desmantelar, y no logran el supuesto fin perseguido. Caso emblemático es lo generado en Colombia y México.
La intervención militar en cuestiones de seguridad interna ha generado:
• Fracaso en la solución del problema de seguridad que originó la decisión
• Aumento de la violencia y violaciones a los Derechos Humanos
• Desprofesionalización de las Fuerzas Armadas respecto de sus funciones primarias y su degradación institucional por el incremento sustantivo de hechos de corrupción Entendemos sumamente peligroso que se debilite el principio de demarcación entre los ámbitos de la seguridad y la defensa, ampliar las funciones de las fuerzas armadas, el debilitamiento de la conducción civil de las Fuerzas Armadas y también la negación de la intervención legislativa ante la formulación de estas políticas.
Estas intervenciones (enmarcadas en el discurso gubernamental actual, que de manera explícita o ambigua, desdibuja las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado o plantean que los militares han sido excesivamente castigados por la sociedad argentina y que ya es tiempo de que recuperen el lugar que les ha sido negado) nos preocupan, porque ante el ajuste desmedido, y el retroceso en términos de Derechos laborales que estamos viviendo, la definición presidencial nos anticipa escenarios de mayor represión ante la protesta social.
Como siempre, ante las crisis económicas y las formulaciones del FMI, la clase castigada y perseguida es la de lxs Trabajadorxs.
Hacemos un llamado de atención, y apelamos a la responsabilidad de quienes nos gobiernan hoy para que en nuestro país no volvamos a vivir escenas de violencia institucional próximas al terrorismo de estado.
