Las querellas acusaron hoy a la jueza Lucila Larrandart, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín, de agraviar, amenazar, y revictimizar a los testigos que declaran en el juicio a cinco militares y un policía de la dictadura por el secuestro y asesinato del adolescente militante comunista Floreal Avellaneda, perpetrado en 1976.
Fuente Infocielo.

"Larrandart permitió que una de las abogadas de la defensa le preguntara a la testigo y víctima Iris Avellaneda (madre de Floreal) la frecuencia horaria con que le era aplicada la picana eléctrica, pregunta que no tiene sentido jurídico alguno", señaló hoy la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

También sostuvo que Larrandart le exigió a Arsinoe Avellaneda (tía de Floreal, de 83 años), "bajo amenaza que vuelva a describir al genocida", en referencia al ex subcomisario de la Policía Bonaerense Alberto Aneto, quien según la familia del adolescente les habría dicho que no preguntaran más por él porque "lo reventamos".

Para la Liga, la forma de presidir el juicio que aplica Larrandart "constituye un acto de revictimización de la testigo que borra con el codo todo lo escrito y acordado por el Estado argentino en los últimos años sobre el modo de tratar a las víctimas y testigos del Genocidio".

Por su parte, el colectivo humanitario "Justicia Ya" hizo suyas las críticas de la Liga y, además, anunció que presentará el miércoles una denuncia contra Larrandart en el Consejo de la Magistratura, una de cuyas integrantes, la diputada nacional por el kirchnerismo Diana Conti, justamente presenció la audiencia del juicio en que Larrandart habría actuado de la manera que ahora le cuestionan.

"Larrandart no ha dejado de obstaculizar la labor de las querellas y la propia Fiscalía cada vez que éstas intentaron desplegar la estrategia jurídica explicitada al momento de pedir la elevación a Juicio de la causa", sentenció la entidad en su pronunciamiento.

Y aseguró que "la obstinación de la presidenta del Tribunal en tratar el caso como una cuestión individual viola la verdad histórica, contradice todo lo acumulado en estos Juicios y se convierte en el principal obstáculo que encontramos en nuestra búsqueda de Justicia".

Este juicio es el primero contra ex jefes de la base militar Campo de Mayo, donde funcionaron tres centros clandestinos de detención y una maternidad también ilegal.

En el banquillo de acusados están el ex comandante y ex general Santiago Omar Riveros (86), el ex general Fernando Exequiel Verplaetsen (83), ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares con jurisdicción en Campo de Mayo y ex jefe de la Policía Bonaerense, y Osvaldo García (78) ex jefe de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, todos acusados como "autores mediatos".

Los otros tres ex uniformados sentados en el banquillo, acusados como "coautores materiales", son el ex capitán César Amadeo Fragni (75), el ex teniente primero Raúl Harsich (62) -ambos estaban en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo- y Aneto (75).

Floreal Edgardo Avellaneda, alias "Negrito", era militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC) y tenía 15 años cuando lo secuestraron el 15 de abril de 1976, lo torturaron hasta la muerte -incluyendo el empalamiento- y arrojaron su cuerpo al Río de La Plata.

Su cadáver apareció al mes en las costas uruguayas a la altura de Montevideo y fue inhumado en el cementerio Norte de esa ciudad, pero luego manos anónimas lo retiraron y la familia no recuperó los restos.

Las fuerzas de la dictadura en realidad buscaban al padre del chico, Floreal Avellaneda, también militante comunista, pero el hombre logró escapar.

Entonces los represores tomaron cautivos a su hijo y a su esposa, quien logró sobrevivir después de estar un largo tiempo prisionera.

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